La responsabilidad de la Administración en la gestión de la crisis sanitaria.

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A lo largo de las últimas semanas nos han llegado consultas acerca de la posibilidad de dirigir reclamaciones a la Administración, ya sea estatal o autonómica, por los diferentes perjuicios sufridos con la pandemia del Covid 19 puestos en relación con las actuaciones que al respecto han llevado a cabos las Administraciones Públicas.

No es tanto cuestionar las decisiones que se han tomado en un escenario tan complicado, sino determinar si, dentro de las obligaciones que la Administración ya tiene atribuidas, ha existido retraso o negligencia en la ejecución de esas obligaciones. Vamos a analizar someramente algunas de las situaciones concretas que se nos han planteado:

1. Salud y seguridad en el trabajo de los funcionarios públicos y personal estatutario asimilado

Hablamos del personal sanitario, de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, entre otros, que han estado desarrollando su trabajo con una elevada exposición al coronavirus. Existe una parte del trabajo de este personal que tiene un factor de riesgo, que ha de ser asumido por el trabajador, pero por otro lado la Administración, como empleadora, debe reducir esa exposición aplicando las normas en materia de riesgos laborales y los principios de acción preventiva en los puestos de trabajo.

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Es de sobra conocido que los profesionales sanitarios han estado trabajando duramente sin contar con los equipos de protección adecuados (EPIs) con graves consecuencias para su salud. También sabemos que se ha dado un problema de desabastecimiento de material sanitario. La Administración puede excusarse en la imposibilidad de poder hacer acopio de ese material, pero hemos de tener en cuenta las siguientes circunstancias, que sostendrían la viabilidad de una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración: el carácter casi ilimitado de la obligación de preservar la salud de los trabajadores, una falta de planificación en la compra de material, y que buena parte de las primeras compras que se realizaron (con un mercado colapsado) fue de material defectuoso que llegó a ser usado por los trabajadores.

2. Falta de equipamientos para el tratamiento de los pacientes enfermos, e imposibilidad de los médicos de poder aplicar el mismo tratamiento a todos ellos

De manera genérica podemos decir que la Administración es responsable de los daños causados por hechos que se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia, excluyéndose responsabilidad en situaciones de fuerza mayor.

Habitualmente, cuando se plantea una reclamación administrativa por una actuación médica, el análisis que se realiza contempla si el facultativo que atendió al paciente actuó correctamente, si las decisiones que tomó al tratar al paciente encajan en una actuación diligente conforme a las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento.

Pero lo que ahora nos ocupa no es determinar si un médico tomó una decisión correcta conforme a sus conocimientos; se trata de saber si, como en el caso de la falta de respiradores en las UCIs, no aplicar un tratamiento a un paciente finalmente fallecido se debió a la ausencia de los medios necesarios para tratar la enfermedad, y si esa falta de medios, no siendo de equipos tecnológicos de última generación, implica una responsabilidad de la Administración.

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3. El fallecimiento de ancianos en residencias públicas o concertadas

La letalidad del virus sobre los mayores de 70 años ha sido brutal. Esto tiene una doble lectura: por un lado, que el resultado último del fallecimiento de estas personas pudiera pensarse inevitable, ante su especial facilidad para el contagio y para la complicación de la enfermedad; por otro que, sabiendo de esa situación, había necesidad de establecer protocolos especiales para la protección de las personas de avanzada edad.

Se está cuestionando si los protocolos llegaron a tiempo a las residencias, y si se pusieron en práctica correctamente. Esto es, si se debió anticipar el aislamiento de las residencias, que formación recibió el personal para afrontar la pandemia, la práctica de test de diagnóstico para los ancianos con síntomas, el empleo de EPIs suficientes por parte del personal de los centros, medicalización de las residencias, etc.

Aún nos quedan varias semanas por delante en las que observar cuales son las decisiones que se toman sobre el estado de alarma, el confinamiento, la reactivación de la actividad económica, y como se provee a sanitarios, trabajadores públicos y privados y centros asistenciales de los medios necesarios para continuar trabajando frente a la pandemia. Después, mirando con perspectiva, llegará el momento de plantear reclamaciones a la Administración.

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1 Comentario

  1. Pedro Delojo Morcillo

    Si la Sanidad Pública no se la hubiera deteriorado para intentar su privatización hubiera habido mas medios para enfrentarse a la pandemia este problema viene de todos los gobiernos anteriores que habian visto negocio en ello para sus amigotes. Tanto los sanitarios y pacientes nos hemos manifestado lo que nos han dejado antes de la ley mordaza creada por el PP porque les molestabamos en sus trapicheos corruptos. Una vez que salgamos del Corona-virus habrá que continuar.

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